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Costa Rica podría ser llevada a CIDH por Ley Mordaza


Ley de delitos informáticos. El Gobierno de Costa Rica debería poner las barbas en remojo. Después de la reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la medieval posición de Costa Rica en materia de fecundación asistida o Fecundación In Vitro (sólo dos países en el planeta rechazaban esta práctica médica), un nueva demanda podría presentarse en el futuro contra el país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Si el Poder Ejecutivo y  el Legislativo no corrigen con rapidez los gravísimos errores y abusos de la Ley No. 9048 (normas sobre delitos informáticos en el Código Penal), y si no se resolviese adecuadamente el agotamiento del proceso interno en una acción de inconstitucionalidad, una serie de organizaciones, periodistas y varias entidades estarían dispuestos a llevar el caso a la CIDH por violación del Convención Americana.

Como ha sido señalado reiteradamente en los últimos meses por el Colegio de Periodistas de Costa Rica, por el Instituto de Libertad de Expresión (IPLEX), por cientos de periodistas y académicos del país (y por la línea editorial del Diario Extra y este Suplemento Página Abierta), la Ley No. 6048 constituye una grave violación contra el artículo 13 de la Convención Americana y la libertad de información y expresión tutelada por la Constitución Política.

La Ley No. 6048 pone controles y cortapisas contra un principio esencial de cualquier democracia: toda institución del Estado y sus funcionarios deben estar sujetos al escrutinio público, y la ley introduce amenazas de sanción penal contra aquellos ciudadanos que busquen o difundan información sobre asuntos públicos.

Violación al artículo 13 de la Convención Americana. El principal problema de la reforma es que desconoce el principio de "interés público", absolutamente esencial para la vida democrática. De acuerdo con este principio -reconocido por todos los instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos- no existe ningún tipo de dato  de interés colectivo que pueda estar vedado a ser objeto de información, y no se puede negar a ningún ciudadano el acceso a ésta.  Contrario a este principio democrático, la Ley No. 9048 persigue penalmente e impone sanciones de cárcel a quienes busquen o difundan información sobre asuntos públicos, sobre temas de Estado, o sobre cualquier ámbito del interés colectivo, independientemente de donde provenga la información.

El artículo 196 es particularmente grave, pues pena con 8 años de cárcel a quien utilice información disponible en la red, o enviada a otros. Lo grave de esta norma es que no discrimina sobre el posible interés público de la información, y crea una hipótesis general para castigar la difusión de cualquier noticia, incluso aquellas que claramente informe sobre asuntos de interés colectivo, en virtud del mecanismo de obtención de la información. Como indicamos en un artículo anterior, el caso Watergate jamás hubiese estallado en los EEUU con una norma así.

El artículo 196 bis y el artículo 231 tienen el mismo y grave problema. Igualmente el artículo 236.

El considerar que existen temas -como información comercial, o, bien, el sistema financiero del país- que pueden estar vedados al conocimiento público y a la libre información, es aceptar que existe la figura del "secreto de Estado", anacrónica expresión de sistemas políticos cerrados o dictatoriales.

La única solución posible para prever los abusos o violaciones al interés privado en los artículos 196, 231 y 236 de la reforma es el derecho "ex-post" a perseguir el caso, como indica el artículo 13, inciso 2, del Pacto de San José. Todo puede ser difundido en el marco de una sociedad democrática. Solo, con posterioridad, se pueden cobrar las responsabilidades, en caso de afectar derechos privados. Pero la búsqueda de la información, en sí misma, jamás puede ser penada tal y como establece peligrosamente la Ley No. 9048.

Igualmente grave resulta la reforma del artículo 288, el cual pena por difundir información sobre el sistema de seguridad de la nación. Es claramente inconstitucional y violatoria de la Convención Americana. El difundir información sobre asuntos de seguridad nacional jamás puede ser penado si prima interés público en ello. Por ejemplo, los escándalos sobre las empresas Bechtel y Halliburton en EEUU jamás hubiesen sido públicos en los EEUU con una norma así. El daño específico al país, generado de información sobre seguridad nacional es una tipicidad aparte y distinta, y tendría que ser reclamada ex-post, y en forma diferente a como está redactado el artículo 288.

Un grave retroceso democrático. Esta ley afecta el corazón mismo de una democracia: el libre tránsito de ideas. No sólo restringe el derecho a la información, sino que tipifica cárcel y persecución penal para todas aquellas personas--que en pleno uso de sus derechos constitucionales--quieran informar sobre asuntos de interés público, o develar a la población las actuaciones de los funcionarios públicos o de aquellas personas que influyen en los temas de interés colectivo.

El Poder Ejecutivo y diputados de diversas bancadas se comprometieron ante la prensa reiteradamente el año pasado 2012 a dar marcha atrás y darle prioridad a la reforma de Ley No. 9048. Aunque fue incluida en la convocatoria de proyectos enviada por el Ejecutivo parece no estar, sin embargo, entre las prioridades de los diputados. La semana pasada el Plenario rechazó una moción de los legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio José María Villalta y las demás fracciones asombrosamente se quedaron sentados. El PLN, el PUSC y el ML deberían darle una explicación al país.

De momento, un recurso de inconstitucionalidad  que la Sala IV de la Corte Suprema acogió para darle trámite suspende la aplicación del nuevo artículo 288 del Código Penal, que castiga con una pena de cuatro a ocho años a la persona que difunda secretos políticos o relacionados con cuerpos de policía, o que afecten la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado o las relaciones del Estado. Si la Sala Constitucional no corrige este desafuero, muchas organizaciones están dispuestas a pelear este punto en la Corte Interamericana.

¿Se merece Costa Rica otro papelón internacional ante la CIDH, en un tema tan esencial a los derechos humanos como la libertad de expresión?  La Presidente Chinchilla y la Asamblea Legislativa debían rectificar y corregir a tiempo esta Ley.  En pleno siglo XXI, con todos los retos que tenemos por delante, el país necesita avanzar y no retroceder a los tiempos oscuros de las dictaduras y la persecución por las ideas.

Por Jaime Ordóñez

Página Abierta


Comentarios   

 
0 #1 Excelentetucuta 02-02-2013 02:23
Me parece excelente que Costa Rica sea llevada a CIDH, vivimos en un país libre y democrático.
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