Amnistía Internacional urge al Congreso Mexicano

Declaración pública. Amnistía Internacional urge al Congreso a modificar la propuesta de reforma al sistema de justicia militar.

Amnistía Internacional lamenta que la iniciativa de reforma legislativa sea insuficiente. La iniciativa presentada al Senado ayer por el Ejecutivo sólo contempla la exclusión de algunas violaciones de derechos humanos de la justicia militar y no cambia la forma en que las alegaciones de abusos se investigan.

La organización insta a los legisladores a alcanzar consenso en una modificación que reúna los elementos señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sólo así el Congreso demostrará su compromiso para garantizar que no exista más impunidad en casos de abusos graves a los derechos y México cumplirá sus obligaciones en materia de derechos humanos.

El texto actual de la iniciativa propone remitir a la justicia civil a aquellos militares acusados solamente de la comisión de tres delitos: desaparición forzada, tortura y violación. En realidad, esta iniciativa parece preservar la justicia militar para todos los demás abusos de derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, detención arbitraria e incluso el genocidio y otros delitos de lesa humanidad. Además, cuestiones acerca de complicidad en abusos cometidos por otros o la desviación de la investigación penal podrían seguir siendo atendidos por la jurisdicción militar.

Es de igual preocupación el papel asignado al ministerio público militar para la determinación del delito en la investigación inicial para ser remitido a la justicia civil en caso de que se configuren los elementos del tipo penal. En efecto, este mecanismo puede actuar como un candado que permita bloquear la actuación de la justicia civil, incluso en los mismos delitos que quedan excluidos de la justicia militar mediante esta iniciativa.

Es de resaltar que las tres sentencias emitidas hasta la fecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Radilla Pacheco, Fernández Ortega y Rosendo Cantú trataban de casos en que el ministerio público militar no logró encontrar los elementos para proceder contra los implicados precisamente por los delitos de desaparición forzada, tortura o violación.

Además, en otros casos recientes documentados por Amnistía Internacional en que miembros del ejército han estado implicados en delitos como ejecución extrajudicial, tortura y desaparición forzada, el ministerio público militar ha negado reconocer la evidencia de dichos delitos.[1] Tales casos no llegarán a la justicia civil para ser investigacdos y procesados de manera imparcial e independiente, razón por la cual los derechos de las víctimas seguirán siendo vulnerados.

Antecedentes

El pasado mes de septiembre Amnistía Internacional envió un memorándum al gobierno, legisladores y al poder judicial acerca de la obligación del Estado Mexicano por cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las sentencias son claras al requerir que la reforma al Código de Justicia Militar debe reunir ciertos criterios específicos:

Para más información véase “Memorándum al gobierno de México y al Congreso de la Unión: Reformas para respetar y garantizar el derecho internacional de los derechos humanos y restringir la jurisdicción militar” http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/070/2010/es