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Caño Negro deja al descubierto doble discurso


Caño Negro, Alajuela, 3 dic. Amenazado por pesticidas, erosión de la tierra, el monocultivo de la piña, naranja, ganadería y uso ilegal de zonas de protección, el Humedal Ramsar de Caño Negro, en Los Chiles de Alajuela, pone al descubierto el doble discurso de Costa Rica en materia ambiental.

En 1984, bajo la administración de Luis Alberto Monge, se creó el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, en la Región Huetar Norte, con fines de estudio y conservación. En 1992 – 1993 se convierte en atracción turística.

Posteriormente, entre 1995 – 1997, el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), asume la administración del Refugio, encargado del cobro por el ingreso al parque; desde entonces han estado presentes empresarios nacionales, locales y extranjeros, principalmente europeos.

Actualmente, el Refugio ve amenazada su existencia por diversos problemas, desde el uso ilegal de sus casi diez mil hectáreas, así como de índole administrativo como la poca información disponible sobre el mismo para el turismo, la inexistencia de servicios para el turista, y los cortos recorridos en lancha para observar la biodiversidad hacen que Caño Negro no resulte un verdadero atractivo turístico.

El mayo problema se inicia alrededor del año 1995, cuando se empezó con la construcción de drenajes en la parte sur, hacia Guatuso, donde actualmente todos los humedales están drenados. En 1998 se quemó el 70% del Refugio.

Los drenajes fueron construidos para hacer fincas ganaderas. Los dueños de las propiedades drenaban los humedales y luego prendían fuego. Lo que sucede es que el Estado es dueño únicamente de las lagunas, de la mitad del total del territorio del Refugio (9.969 hectáreas). y no tiene ningún control sobre el área que se encuentra en manos privadas. Se cuenta con la información catastral, pero no se tiene control, ni hay vigilancia sobre la vida silvestre, menos sobre las fincas.

Las piñeras son el otro problema porque contaminan y dan muerte lenta al Humedal; algunas están a menos de 500 metros del Refugio.

Por ley los humedales son propiedad del Estado, pero en la práctica sucede otra cosa. Todas esas piñeras han invadido los humedales, han afectado zonas protegidas de quebradas, ríos, invadiendo lagunas, nacientes de agua, y han estado sin ningún control.

Trabajadores del MINAE en la zona indican que se han hecho muchas denuncias, algunas en el Tribunal Ambiental Administrativo, en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en el mismo ministerio y Sala Constitucional, entre otros, , que han intervenido en algunas ocasiones, pero las empresas siguen operando nuevamente y otras se suman a la destrucción.

Cuando llueve se arrastran agroquímicos, por los mismos drenajes ilegales que construyen las piñeras, y el problema de contaminación se agrava por las condiciones de la tipología del suelo, que requieren la construcción de curvas de nivel y drenajes (primarios, secundarios y terciarios). Algunas empresas buscan topógrafos, otros hacen el trabajo con excavadoras y maquinaria pesada.

La extracción piñera destruye los bosques, aplican la tala rasa del bosque. Algunas de estas empresas son: Agrovitses, Agrícola del Valle, Kruma, Finca 11 (antes llamada Naturela), entre otras. Son empresas que se dicen nacionales, pero de fondo hay empresas extranjeras que las financian o están en la misma sociedad.

Los que más han intervenido son políticos nacionales, que tienen fincas piñeras dentro del Refugio. Naturela es una de ellas, con capital aparentemente alemán.

En el caso del MINAET éste no tiene la atención debida en la protección del Refugio, no hay funcionarios que hagan el patrullaje, por falta de recursos o por mal uso de éstos; porque ingresa mucho dinero a Caño Negro y se desaparece en otras cosas, llegan a manos privadas.

Por ejemplo, se elaboran diagnósticos de proyectos que no tienen ningún fin y el dinero se lo reparten en proyectos privados. En el caso del Proyecto Río Frío, cuyos fondos los ha manejado la ONG Inbioparque y que coordina todas las acciones con el MINAET, han otorgado capitales a empresas para remodelaciones, muchas no lo necesitan pues tienen recursos, y no se benefician las iniciativas locales de personas con pocos recursos o simplemente los fondos no se invierten en las prioridades reales de la comunidad.

Además, hay proyectos fantasmas, como el proyecto caimanes o el proyecto de reproducción de tortugas; el MINAET los aprueba, les da financiamiento y éstos ni siquiera cumplen con los permisos legales y no los ejecutan.

De estos problemas se tienen registros con múltiples denuncias ante el Tribunal Ambiental Administrativo, Sala Constitucional, la Fiscalía agraria y el mismo SINAC, entre otros, desde hace unos 15 años.


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