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Costa Rica 2012: un gobierno en crisis.


La Habana, 21 dic (PL) - El 2012 fue un año difícil para los costarricenses, pues además de enfrentar la fuerza destructora de un terremoto de 7,6 grados en la escala abierta de Richter, lidiaron con la criticada gestión de un gobierno cada vez más desacreditado.

Visibles son las pérdidas materiales estimadas en unos 20 millones de dólares por la Caja Costarricense de Seguro Social debido al sismo del 5 de septiembre en la occidental Península de Nicoya.

Pero el daño a los indicadores sociales y económicos resulta menos divulgado, aunque la inestable situación del otrora autodenominado paraíso de la democracia también está plasmada en cifras.

El 53 por ciento de los costarricense catalogan como malo el gobierno de Laura Chinchilla, electa presidenta en 2010, en tanto el 75 por ciento considera corruptos a los funcionarios de su gabinete, que ha sufrido una veintena de cambios, según el más reciente sondeo de la firma encuestadora Unimer.

Los datos del decimoctavo informe Estado de la Nación también lo corroboran, pues señalan este mandato como el más inestable durante los últimos 16 años.

De los 21 ministerios, solo seis mantienen al titular inicial de 2010, mientras los otros 15 reportan cambios, incluso en más de una ocasión, señala el reporte.

Asimismo, las denuncias por malos manejos de fondos públicos constituyen la causa de más del 50 por ciento de esas renuncias y destituciones, como ocurrió con los ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores.

Precisamente, en lo referido a escándalos públicos, los costarricenses presenciaron este año uno de los mayores casos de corrupción administrativa: la actual construcción de una trocha fronteriza con Nicaragua.

En la denominada Ruta 1856, el gobierno invirtió más de 40 millones de dólares según datos oficiales, pero esas obras carecen de planos y poseen numerosos sectores en mal estado, sin puentes ni drenajes adecuados, además de violar regulaciones medioambientales.

Sin embargo, la presidenta Chinchilla repite que no existen tales errores, mientras la Corte Centroamericana de Justicia y el Tribunal Ambiental Administrativo costarricense hablan de grandes afectaciones en la cuenca del río San Juan, limítrofe con Nicaragua.

Ante el convulso escenario y sin otra alternativa a la mano, los costarricenses hacen sentir su inconformidad en las calles.

El titular de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas, estima que este año superará la cifra récord de protestas de 2011, con 632 manifestaciones, pues la diversidad de sectores en huelga es inédita.

Si bien las demandas de muchos trabajadores lograron trascender, la represión suele ser la reacción del Gobierno, como en la marcha del 9 de noviembre en defensa de la asistencia social, donde la policía atacó a manifestantes y usó la violencia contra dos diputados de la Asamblea Legislativa.

Diversos también fueron los motivos de esos reclamos, como las grandes brechas entre ricos y pobres, la caída de los indicadores sociales y las bajas salariales, entre otros.

Por tercer año consecutivo en este país, la pobreza afecta una de cada cinco familias, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares.

Más de un millón de personas viven en la pobreza y de ellas, unas 335 mil llegan a niveles extremos, cuando el total de la población apenas sobrepasa los cuatro millones 300 mil habitantes, precisa la entidad. Las violaciones a la legislación laboral agravan la situación: unos 300 mil trabajadores no reciben el sueldo mínimo pactado y dejan sin el sustento necesario a sus hogares, indican sondeos de Unimer.

Uno de cada cinco empleados carecen de garantías en sus plazas y tres de cada 10 no pueden acceder a vacaciones pagadas ni tienen seguro médico, señalan datos de esa agencia encuestadora.

A ello hay que añadir las grandes diferencias salariales, pues el sueldo mínimo ronda los siete mil 800 colones (unos 15 dólares) y los más elevados superan los 490 mil 600 colones (más de mil dólares), según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Mientras los costarricenses aclaman por soluciones, las leyes llegan al Parlamento y permanecen en una especie de limbo.

Así sucede con la Ley de Reforma Procesal Laboral que recibió el veto del gobierno en lo referido al derecho a huelga en los servicios públicos esenciales y la prohibición de contratar personal temporal.

Suerte similar corre la denominada Ley Mordaza, la cual establece condenas de hasta 10 años para quienes difundan informaciones sobre la policía, defensa, relaciones exteriores y actos de corrupción pública, entre otros temas.

Esa normativa, bajo el nombre de Ley de Delitos Informáticos, implica cambios al Código Penal y restringe a niveles alarmantes el ejercicio de la libertad de expresión, destaca el Colegio de Periodistas de Costa Rica.

Si las puertas legislativas continúan cerradas, el 2013 puede repetir una historia ya conocida por los costarricenses y las calles volverán a ser el escenario de protestas.

Ibis Frade Brito
Periodista de la Redacción Centroamérica y Caribe de Prensa Latina 


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