Defensoria se opone a aumento

 

COMUNICADO DE PRENSA DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES

La Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, se presento esta tarde ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos a presentar formal oposición a la solicitud tarifaria de la Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía.

La ACOGRACE solicita a la Autoridad Reguladora eliminar el requisito de factor de carga del 90% para acceder a una tarifa de media tensión diferenciada y establecer la tarifa denominada, T-MTb, para todas las empresas de media tensión del ICE, CNFL, JASEC, ESPH, COOPEGUANACASTE y COOPELESCA. Asimismo, para mantener el equilibrio financiero de las empresas distribuidoras, la reducción en el costo de la electricidad para los consumidores de media tensión deberá ser cubierta con aumentos en la tarifa de distribución de los otros sectores residenciales del orden de 11% en el caso del ICE; 5% para la CNFL, 2,20% para JASEC, 9,50% para la ESPH, 4,40% para Coopeguanacaste y 6,20% para Coopelesca.

En otras palabras, simplemente, lo que ACOGRACE está solicitando es un rebalanceo tarifario que baje la tarifa eléctrica para el sector productivo nacional y la incremente para el sector residencial, de manera que las empresas distribuidoras no vean afectados sus ingresos. Los argumentos de oposición de la Defensoría se han planteado en un documento técnico que ya ha sido entregado a la Autoridad Reguladora.

En primer lugar, la Defensora de los Habitantes considera que si bien es cierto que las tarifas de la energía eléctrica han aumentado en los últimos años, el incremento ha sido para todos los sectores de consumidores. Más aún en la última solicitud tarifaria de octubre pasado, el ICE solicitó un incremento en distribución del 5,56% para todos los consumidores excepto para la tarifa de media tensión en dólares, para la cual no se solicitó incremento.

En segundo lugar, es clara la necesidad de revisar el pliego tarifario de distribución de electricidad pues, históricamente, han existido subsidios cruzados entre las tarifas de los diferentes sectores lo cual ha ocasionado distorsiones en los precios de la energía para todos los sectores. Por ello, en forma muy desordenada, en los últimos 15 años la ARESEP ha estado poniendo en práctica procesos de rebalanceo tarifario, sin noticia previa, oficiosamente y creando un entorno de inseguridad jurídica.

Sin embargo, un eventual rebalanceo de las tarifas para los diferentes sectores de consumidores de energía eléctrica, considerando la diversidad de empresas distribuidoras con que cuenta el país, así como la obligación de la ARESEP de fijar tarifas que contemplen como elementos centrales los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica (artículo 31 de la Ley 7593), requiere de la realización de estudios técnicos serios y oportunos, que justifiquen y demuestren la necesidad de un rebalanceo que incorpore un esquema de subsidios explícito, transparente y condicionado, que favorezca a los sectores residenciales de menor capacidad económica y que a la vez minimice las distorsiones que atentan contra la competitividad del sector productivo.

Estos estudios, al día de hoy, no han sido realizados por la Autoridad Reguladora, ni fueron aportados por ACOGRACE en su solicitud, por tanto la Defensoría se opone al rebalanceo tarifario solicitado por ACOGRACE e insta a la Autoridad Reguladora a contratar o realizar los estudios pertinentes, antes de tomar alguna decisión en materia de eliminación de subsidios.

En tercer lugar, en su solicitud la ACOGRACE no presenta justificaciones técnicas que respalden su propuesta de rebalanceo tarifario en favor de las tarifas del sector productivo, lo que hace es plantear una supuesta pérdida de competitividad del país en relación con los naciones con que se compite a nivel internacional.

Y decimos supuesta porque en el documento presentado no se demuestra que exista esta pérdida de competitividad y, menos, que se deba al costo de la energía eléctrica para el sector manufacturero. Ni siquiera se incluyen cifras que permitan estimar la ponderación del costo de la electricidad dentro de la estructura de costos del sector productivo nacional.

Equiparar la competitividad nacional con el costo de la energía eléctrica es una apreciación muy reduccionista utilizada para justificar intereses de un grupo particular. La “competitividad” es un fenómeno multifactorial que involucra aspectos propios de las empresas y del producto que ofertan (costo, calidad, precio, comercialización, diferenciación, servicio al cliente, administración, gerencia, etc.) y aspectos del espacio económico mundial, regional y nacional (estabilidad política, seguridad jurídica, política pública, infraestructura, servicios públicos, empresas relacionadas, capital humano, etc.).

En cuarto lugar, en la solicitud se presume que la baja en el número de usuarios industriales conectados a media tensión presentada a partir del año 2006 es un indicador de que las empresas industriales de Costa Rica están cerrando sus operaciones a causa del costo de la energía eléctrica. Sin embargo, esa relación no es demostrada en el documento y no informa ACOGRACE qué tipo de empresas son las que han dejado de ser usuarios de media tensión y si han cerrado operaciones.

Es más, contrario a lo indicado en la solicitud, de que el costo de la electricidad resta competitividad al país, en el diario La Nación del 8 pasado de noviembre de 2013, se consigna que durante el año 2013 se instalaron en el país la empresa estadounidense Natvar, especializada en procesos de manufactura para grandes compañías y la firma india CSS, que brinda servicios de soporte tecnológico y consultorías. Según esa nota de prensa, la Inversión Extranjera Directa tuvo un crecimiento del 53% en los primeros seis meses de 2013. Estos datos nos dicen que no es cierto que el país esté perdiendo competitividad debido al costo de la energía eléctrica.

Finalmente considera esta Defensoría que la propuesta de ACOGRACE para el rebalanceo tarifario en favor del sector productivo, conlleva un peligro para el modelo solidario puesto en práctica por el ICE desde hace varias décadas, el cual obedece al modelo país escogido por los costarricenses. Un cambio del modelo solidario en materia de distribución de electricidad, amerita una discusión más amplia y de mayor envergadura al espacio que puede brindar esta audiencia.

Debido a estas observaciones, más las expresadas en el documento de oposición presentado a la Autoridad Reguladora, la Defensoría de los Habitantes solicita a la ARESEP, rechazar la propuesta tarifaria de la Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía.