Presidenta arrancará año entre protestas


Defensores de derechos humanos aguardan el regreso de la presidenta Laura Chinchilla tras el receso de fin de año para exigir se pronuncie en el caso del preso ruso Evgeny Otto. 

El retorno a la silla presidencial de la mandataria Laura Chinchilla ya augura fuertes tensiones, y en su último año a la cabeza parece que los grupos sociales no le darán tregua. Para arrancar el 2013 defensores de derechos humanos ya anunciaron su presencia en Zapote hasta recibir una respuesta de la Presidenta.

Nosotros estamos de llegar hasta Casa Presidencial y hasta que no nos reciba la presidenta de la República y el propio ministro de Seguridad no vamos a parar”, expresó Hermes González, presidente de la Fundación para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos.

La exigencia que hacen a Chinchilla es que se pronuncie ante el caso del ruso Evgeny Otto, quien desde hace seis años vino a Costa Rica solicitando asilo político, pues alega ser víctima de una persecución.

Sin embargo, explica que su caso se ha tornado del color más oscuro, pues en lugar de ayuda ha pasado a ser un preso más de nuestro país, incluso en condiciones infrahumanas.

González señaló que se le violenta su derecho a la libertad pues lleva más de un año en prisión preventiva, sin un tiempo establecido, contrario a lo que establece la Ley de Extradición.

“¿Estaría Costa Rica o alguien en el mundo en condiciones de reparar el daño absoluto y total a Eugeny Otto de ser enviado a Rusia, torturado y que pueda llegar hasta la muerte?”, señaló el defensor de los derechos humanos.

Rusia solicitó la extradición de Otto alegando un presunto delito de estafa, sin embargo insisten en que se le ha interpuesto un medida cautelar ilegal.

“Son los derechos humanos, la vida, la integridad física de esta persona haya delinquido o no que no están las pruebas absolutas para que sea enviado a Rusia, país que todos los día recibimos información de amnistía internacional de la situación de represión, de montaje incluso para periodistas y defensores de Derechos Humanos.”

La Fundación asegura que ya agotó las vías, envió una carta a la Defensoría de los Habitantes, a la mandataria y se reunió con personeros del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero asegura que el Gobierno no da respuesta ante el nivel de violación de derechos, y sólo indican que es un proceso judicial.