Préstamo para cárceles del BID

Tomado de: nacion.com y crhoy.com

La sobrepoblación en los centros penales es un viejo problema con muchas trabas para solucionarlo. Actualmente hay 3.200 presos de más en el sistema. Para mitigar el hacinamiento, se negoció un préstamo, y en enero del año pasado se aprobó. El monto es por $132 millones, de los cuales $110 son para el sistema penal. Con la plata, se abrirán 2.700 nuevos espacios para reos. Así, el Ministerio de Justicia espera bajar la presión en las cárceles

El 16 de enero del 2012, la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $132 millones para mejorar la infraestructura carcelaria y prevenir la violencia. Un año después trasciende que las primeras obras se verán en el 2015.

El ministro de Justicia, Fernando Ferraro Castro, manifestó que no hay atrasos pues se trata de un plan integral que busca al mismo tiempo una reducción de la criminalidad, y advirtió que se prevé que “todo quede listo en el 2015”.

El responsable de la seguridad carcelaria explicó que, mientras llega “el alivio”, no se van a quedar con los brazos cruzados, y este año se construirán nueve módulos que tendrán capacidad para 600 reos. La obra se financiará con fondos del Patronato Nacional de Construcciones.

Ferraro dijo que con el crédito se harán 15 “nuevas unidades productivas” en las cuales se ubicarán 2.700 privados de libertad.

El ministro dio una entrevista a La Nación y estuvo acompañado de Milena Sanabria Rodríguez, coordinadora de la Unidad Ejecutora del préstamo del BID.

Ferraro afirmó que hasta el momento se han cumplido con todos los plazos exigidos por dicho banco. A continuación, ofrecemos un extracto de la entrevista.

¿Qué pasó desde que se aprobó el préstamo hasta ahora?

La misma ley previó un plazo de seis meses después de que fuera publicada para cumplir con las condiciones previas. Ese plazo venció el 28 de setiembre.

¿A qué se refiere con condiciones previas?

Se trata de un reglamento operativo, de la integración de la unidad ejecutora y de presentar un plan de inversiones para los siguientes cinco años, y de que el banco haga los desembolsos. En el plazo previsto se cumplieron todas las condiciones previas sin pedir una prórroga.

¿Que hicieron después?

La elaboración de los carteles para la licitación de las construcciones. En materia penitenciaria, hablamos de 15 módulos, que no serán de alojamiento como ahora, sino que incluyan espacios productivos y de capacitación: un diseño nuevo. Esto nos daría 2.700 nuevos espacios. Además, el préstamo incluye un componente para la prevención y la capacitación.

¿Qué son esos componentes?

En prevención hay una parte que es la construcción de centros cívicos, espacios donde se combinan una serie de servicios comunales, para la cultura, actividades deportivas y de salud. A su vez, la capacitación es un programa para mejorar la formación de funcionarios en la prevención del delito.

¿Dónde se construirán los centro cívicos?

Pensamos instalarlos en Guararí (Heredia), en el cantón central de Cartago, en Aguas Zarcas de San Carlos, en Desamparados, Santa Cruz, Pococí y Garabito.

¿Cuándo saldrán los carteles de licitación?

En realidad son más de 40 carteles porque una parte del préstamo ($22 millones) va destinado al Ministerio de Seguridad. Ellos pretenden construir una dirección general, cinco delegaciones cantonales y siete distritales. Todas las edificaciones deben estar adjudicadas a finales de este año para que las construcciones arranquen en el 2014. Se espera que estén listas en el 2015.

Antes se dijo que este préstamo ayudaría a bajar el hacinamiento en las cárceles, pero es a largo plazo. ¿Qué se hará ahora?

En este año vamos a construir nueve módulos que tendrán capacidad para unos 600 reos, junto con otras obras complementarias, como cocinas, dormitorios para policías, plantas de tratamiento de aguas, y enfermerías, a fin de no presionar la infraestructura existente. Todo eso aliviará la presión.

...Pero cada día aumenta la cantidad de reos en el sistema.

En los próximos cuatro años, por la experiencia de otros países, se debe dar una estabilidad. Por ahora, están ingresando al mes 120 personas.

”Además, el préstamo del BID prevé el financiamiento para el monitoreo electrónico con brazaletes. No sacaremos gente y le daremos brazalete o tobillera, pero hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que solo falta aprobar. Esto permitirá a los jueces dictar medidas alternativas a la prisión para mucha gente que en este momento debería mandarse a prisión preventiva. Eso va a disminuir el ingreso.

Usted habló de 15 módulos: ¿dónde los construirán?

No hablamos de cárceles nuevas. Se van a construir en los terrenos de las cárceles actuales, donde tenemos suficiente espacio.

¿Cuáles terrenos son?

En Pococí, Pérez Zeledón, Nicoya, San Carlos, Liberia, San Luis (Heredia), Puntarenas, Buen Pastor (Desamparados) y en La Reforma, en Alajuela.

¿En qué consiste ese nuevo diseño de módulos?

Hay una diferencia con los de ahora. No solo habrá alojamiento, sino también centros de trabajo y capacitación. Actualmente, el interno, si quiere trabajar, capacitarse o hacer deporte, debe salir del módulo. Las nuevas instalaciones prevén que esas actividades se desarrollen dentro de los módulos, que son grandes.

¿Los 2.700 espacios tendrán esas características?

Sí. Se trata de niveles de contención relativamente bajos: módulos de trabajo y capacitación.

¿Qué tipo de preso va a ocupar esos módulos?

Allí entran el Instituto Nacional de Criminología y el Comité Interdisciplinario de cada centro, los que nos definirán cuál será la población que se destine a las nuevas unidades productivas.

¿No se construirán módulos de alta seguridad?

Es común que se hable de módulos de mayor contención. Evidentemente, tenemos necesidad en ese campo, pero, de acuerdo con criterios de seguridad y técnicos, tenemos unos 80 reos que deben estar en máxima seguridad de una población de 14.000. Los podemos instalar en lo que llamamos la “máxima nueva y la vieja”.

”Ahora, la mayoría de la población requiere una contención de baja a moderada. Allí es donde tenemos la mayor necesidad. Al ampliar la capacidad para esa gente, eso nos va a permitir destinar otros lugares para gente con mayores niveles de contención. En este momento tenemos todo tipo de gente en todas las instalaciones.

El país debe dar una contrapartida. ¿Cómo se dará?

Es la de personal, pero cuando estén concluidas las obras.

 
 
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Justicia modifica concurso para supervisar préstamo del BID y beneficia a exviceministra del ramo

El Ministerio de Justicia y Paz modificó los requisitos establecidos para la contratación de la comisión que regirá la Unidad Ejecutora del préstamo para infraestructura carcelaria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y gracias a ello la exviceministra de Justicia Milena Sanabria, resultó electa como directora de la Unidad.

En un principio, el requisito era que quien ocupara la dirección contara con una maestría en Administración, Economía, Ingeniería o Finanzas. Sin embargo, el cartel se modificó y Sanabria pudo concursar con una maestría en derecho.

El asunto fue fuertemente criticado por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Manrique Oviedo, quien aseguró que el exministro de Justicia Hernando París, se había comprometido a que no se contratarían ministros, viceministros ni funcionarios cercanos al proceso.

“El anterior ministro y ahora el actual ministro don Fernando Ferraro, se habían comprometido con la fracción del PAC a manejar estos elementos con absoluta transparencia, alejados de cualquier sesgo político, pero vemos cómo es que se nombra como encargada de la Unidad ejecutora a una exviceministra, a una excompañera de Ferraro”, dijo Oviedo.

El ministro de Justicia Fernando Ferraro, aseguró que las modificaciones se hicieron porque había una unidad integrada con salarios inflados. Cuando ellos revisaron las contrataciones, se dieron cuenta que había requisitos innecesarios como el dominio del inglés. Además accedieron a ampliar el conocimiento académico a una maestría también en ciencias sociales.

Otro de los cuestionados es Otto Luke, ingeniero que trabajó para la Dirección de Adaptación Social, pero fue trasladado al Registro Nacional porque en la primera entidad se le abrió un proceso administrativo. Pese a esto, Luke fue elegido como integrante de la unidad.

El tercer cuestionamiento del diputado Oviedo, fue el nombramiento en la unidad de la licenciada Laura Carmiol, quien de acuerdo con Oviedo, también tiene un proceso abierto.

Dicha unidad ejecutora será la encargada de administrar los recursos del empréstito del BID, que es de 132 millones de dólares con una contrapartida del Gobierno de 57 millones de dólares. En diciembre del año pasado, se recibió el primer desembolso de 1.8 millones de dólares y en este momento, se están elaborando los carteles de concurso.

El dinero se utilizará para financiar la ampliación y restructuración de la infraestructura carcelaria que se divide en tres componentes. El primero (46 millones de dólares) será para el fortalecimiento de la capacidad institucional del Ministerio de Seguridad y de Justicia. En el segundo (57 millones) que se destinarán a las acciones de prevención de la violencia y el tercero (74 millones) para acciones de rehabilitación.

El sobrante se destinará a temas de auditoría, administración, monitoreo y evaluación.

Ministro cenó con empresa interesada en cartel del empréstito:

En junio o julio del año pasado, el ministro Fernando Ferraro recibió una invitación a cenar de la empresa mexicana CASAFLEX –especializada en infraestructura carcelaria- en el restaurante L’ile de France, en Escazú…

¿Cúal fue el objetivo de esa reunión?

“Ellos querían hablarme de un proyecto penitenciario que están llevando a cabo en México”.

¿No cree que la intención era contar con su visto bueno para que ellos concursen en el proceso o al menos persuadirlo?

“Mire. A ver… No creo que el interés de la invitación fuera torcer algún proceso. Si ese hubiera sido el interés definitivamente no hay manera de hacerlo, porque nosotros solo somos beneficiarios del proyecto, no contratamos ni nada por el estilo, de eso se encarga la unidad ejecutora y el BID”.

“Este es un tema que ha generado mucha expectativa, es natural que empresas constructoras de otros países se interesen, quieran venir y decir nosotros también existimos. Pero el momento oportuno para hacer esto es en el momento en que la Unidad Ejecutora y el BID abran el proceso”.

¿Quién lo invita a la cena?

“A mi me llaman de la empresa y me dicen que quieren hablarme de temas del ministerio. Pero cuando yo llego ahí me encuentro con 8, 9 personas. Me hablan de personas interesadas en el Ministerio de Justicia, en eso no hay nada malo, nada irregular. Yo les digo que esto no es conmigo, porque no corresponde y porque además yo no tengo ninguna intervención”.

Si ellos lo invitan, fuera de su oficina a exponerle un proyecto, ¿no cree que querían su intervención?

“Por eso es que inmediatamente, antes de saludar y al ver quienes estaban, yo les dije, señores, aquí hay que aclarar algo, en materia de contratación, todos los procesos los va a hacer una unidad ejecutora, bajo las reglas del BID, en una licitación internacional. Aclarado este punto, hablamos de la obra que ellos están haciendo en México”.

“En caso de que ellos tengan interés, van a tener que concursar como cualquier otra empresa”.

Es evidente que ellos tienen interés. ¿No le preocupa que la empresa quede electa y exista este antecedente?

“Si ellos participan, van a tener que cumplir con los requisitos, pasar por el proceso de selección, en el cual el Ministerio de Justicia y mi persona no participa”