Reforma de las prisiones en América Latina

Tomado de: WOLA OFICINA DE WASHINGTON PARA ASUNTO LATINOAMERICANOS

Reforma de las prisiones en América Latina: la experiencia de Costa Rica
En febrero de 2012, Honduras fue noticia internacional cuando un mortal incendio estalló en una de las cárceles del país y mató a más de 300 presos que se habían quedado atrapados en sus celdas. Investigaciones posteriores confirmaron que no sólo tenía la prisión ha sido severamente superpobladas y carentes condiciones sanitarias y de seguridad, pero la infraestructura de la instalación era estructuralmente defectuoso y el personal penitenciario carecía de la formación suficiente para responder a la crisis.

Igualmente preocupante fue el hecho de que más de la mitad de los internos aún no había sido condenado por ningún delito-que habían sido encerrados, a la espera de un juicio. Estas cuestiones no son exclusivos de Honduras, y son problemas graves que afectan a muchos sistemas penitenciarios en toda América Latina. [1]

En las últimas décadas, la población carcelaria en América Latina ha estado creciendo de manera constante; las leyes de drogas duras y contra las pandillas han dado lugar a una expansión masiva de la población carcelaria, causando hacinamiento sistémico en los sistemas penitenciarios con financiación insuficiente y, a menudo olvidadas. En algunos casos, como en El Salvador, el número de personas tras las rejas supera la capacidad de las prisiones por  más de 320 por ciento.  La mayoría de los presos aún no se han intentado y muchos esperar años para una audiencia. En algunos países, las pandillas siguen operando y reclutar nuevos miembros dentro de las prisiones, y los líderes de pandillas orquestan extorsión y homicidios desde detrás de las rejas.

Una vez liberado de la prisión, son pocos los programas que ayudan a los ex reclusos a reintegrarse a la sociedad. En muchos países de la región, los limitados recursos se asignan a proporcionar la educación, capacitación y servicios para ayudar a los prisioneros a obtener empleo y obtener un cierto grado de estabilidad emocional y financiera.

Desafortunadamente, muchos de los problemas que aquejan a los sistemas penitenciarios de América Latina han recibido poca atención, tanto por los gobiernos de América Latina y los donantes internacionales por igual. No es sorprendente que el tema de la reforma del sistema penitenciario y la reinserción a menudo no es una gran prioridad de los gobiernos ni es un tema que gana el apoyo público significativo, a pesar de que el sistema penitenciario es un componente clave de los sistemas de justicia penal y su capacidad para reducir la delincuencia y la reincidencia.

Sin embargo, existen algunos esfuerzos alentadores que se persiguen en la región. En junio de 2014, el equipo de Seguridad Ciudadana de la WOLA invitó a una delegación de expertos a visitar el sistema penitenciario en Costa Rica. La delegación estuvo integrada por representantes de Chile, México, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. Además de visitar la cárcel de mujeres de San José, la delegación se reunió con el ministro anterior y actual de Justicia y Paz, el Director y el personal del sistema penitenciario en funciones, el director del Programa de Reinserción Social en el Ministerio de Justicia, un penal juez de ejecución, el jefe del Mecanismo contra la tortura de Costa Rica, el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) de la ONU, y organizaciones de la sociedad civil.

Costa Rica como un estudio de caso: La reforma desde dentro

En comparación con otros países de la región, los niveles de criminalidad en Costa Rica son comparativamente bajos. En 2009, el país tenía la tasa de homicidios más baja de Centroamérica (11,6 por cada 100.000 personas). Durante el último par de décadas, las cárceles de Costa Rica han sido menos gente, y las autoridades del sistema penitenciario han sido, en su mayor parte, orienta-rehabilitación más que en otros países de la región.

No obstante, hasta hace poco, los niveles de criminalidad están aumentando de manera constante. La preocupación pública por la inseguridad como resultado un impulso a las políticas de control de la delincuencia más estrictas, incluidas las reformas legislativas para aumentar la pena máxima de prisión en el país de 25 a 50 años y la creación en 2008 de tribunales para acelerar los juicios de personas detenidas, mientras que en el acto de cometer un delito. Nuevas leyes de sentencia de drogas también fueron adoptados que define cualquier comportamiento relacionado con la producción y comercialización de drogas ilícitas como un delito grave, independientemente de la naturaleza del delito cometido. Estas leyes han afectado de manera desproporcionada a las mujeres y los jóvenes pobres y marginados. El resultado fue un aumento espectacular de la población carcelaria y hacinamiento en las cárceles. De 2006 a 2012, la población carcelaria aumentó en más del 50 por ciento. A principios de 2013, el país contaba con la tercera más alta tasa de encarcelamiento en Centroamérica, después de El Salvador y Panamá.

En 2013, en reconocimiento del hecho de que el estado de las condiciones carcelarias fueron contribuyendo a la probabilidad de reincidencia, el gobierno de Costa Rica comenzó a implementar una serie de reformas modestas a sus prisiones y medidas para fortalecer sus iniciativas de reintegración. Estas medidas incluyen la creación de un órgano de supervisión externa para proteger los derechos de las personas bajo custodia, una mayor capacitación de la policía del sistema penitenciario y el personal, y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un plan para ampliar los programas de reinserción del país en el sistema penitenciario en coordinación con las empresas locales. Una enmienda a la Ley de Estupefacientes también fue aprobada para reducir al mínimo el encarcelamiento de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Lo más interesante sobre el proceso en Costa Rica es que ha sido liderado principalmente por los reformistas dentro del Ministerio de Justicia y Paz y el sistema penitenciario. Tanto el personal de alto nivel y de nivel medio han jugado un papel fundamental en la resistencia a las presiones de los políticos que quieren endurecer las penas que se traduciría en un aumento de la población carcelaria. Al mismo tiempo, los funcionarios se han basado en el apoyo de los donantes internacionales para proteger y ampliar sus esfuerzos de reintegración en el sistema penitenciario. Si bien cada situación es diferente y Costa Rica presenta una serie de ventajas que otros países pueden carecer, sus recientes esfuerzos son un ejemplo alentador de cómo es posible la reforma en este tema políticamente sensible.

La delegación es parte de un proyecto, con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento, para ver cómo pasa la reforma de la justicia penal, y cómo los reformadores, tanto dentro como fuera del sistema, el trabajo para lograr cambios institucionales de largo plazo que aumentan la seguridad ciudadana en el respeto humano derechos. WOLA pronto dará a conocer un informe con las observaciones y conclusiones del proyecto.