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Caso Parmenio ya está en la C I D.H


Cuando el periodista colombiano Parmenio Medina Pérez echó raíces en Costa Rica y acuñó muchas frases que aún suenan en la memoria de miles de costarricenses nunca se imaginó que su crimen sería llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C., donde el país podría coleccionar otra condena más.
 
Se trata de la denuncia interpuesta por Jorge Castillo y apoyada por Omar Chaves y todo un equipo de abogados, encabezado por el argentino Alberto Bovino, quien dirige la demanda.
 
Fue interpuesta después de agotar todos los recursos en el ordenamiento jurídico nacional, por cuanto la Sala Tercera de Casación Penal le dio luz verde a la condena de Chaves y la absolutoria por certeza al colombiano Castillo.
 
DICTAMEN PERICIAL ACOMPAÑA PETICIÓN
 
La denuncia fue interpuesta por violación de los derechos, a la presunción de inocencia, a la libertad personal y al derecho de defensa.
 
Adicionalmente a la petición (como se le llama a la denuncia en esa esfera) enviaron un dictamen pericial referido a las violaciones al derecho a la libertad personal y al derecho de defensa firmado por la doctora Ángela Ledesma.
 
Esta es una prestigiosa y reconocida jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal penal de mayor jerarquía de la organización judicial nacional argentina.
 
El caso se origina con el homicidio de Medina, el 7 de julio de 2001, a pocos metros de su casa de habitación en San Miguel de Santo Domingo, Heredia, en la calle alterna a la ruta 32. A la hora del crimen tenía 30 años de residir en Costa Rica y se había hecho célebre por su estilo de narrar las vueltas ciclísticas y luego abrió su propio programa “La Patada”, que generó mucha polémica por sus denuncias de corrupción con un singular estilo.
 
CRIMEN CON FUERTE RECHAZO SOCIAL
 
El vil asesinato de Medina generó un fuerte reclamo social e incluso el interés internacional, circunstancia que determinó la actuación del Ministerio Público en la investigación y juzgamiento de los presuntos responsables en uno de los juicios más largos de la historia judicial costarricense (2 años) y una inversión millonaria por parte de la administración de la justicia local.
 
La repercusión social del hecho -reconocida en varias resoluciones judiciales- provocó la intervención directa del fiscal general de la República en la detención de los implicados: el padre Minor de Jesús Calvo y Omar Chaves Mora, sin orden judicial ni motivos legales, y su posterior encarcelamiento preventivo por un plazo que excedió con creces los términos legales.
 
5 AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y 2 DE JUICIO
 
Alberto Bovino, litigante por Chaves, relató a DIARIO EXTRA desde Argentina que la demanda ante la CIDH tiene su fundamento en el extenso plazo que duró la etapa de investigación, seguida de un juicio público de dos años y de la etapa recursiva, cuando mantuvo privado de la libertad sin sentencia condenatoria a Chaves desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 19 de agosto de 2008, cuando se dictó sentencia de primera instancia.
 
Para el argentino la privación de libertad fue ilegal y arbitraria, según los estándares firmemente establecidos por los órganos del sistema interamericano.
 
“Las numerosas irregularidades ocurridas en el proceso penal en el ámbito interno, por lo demás, afectaron el derecho de defensa de Omar Chaves Mora por no respetar el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia; y por no permitir, de manera ilícita, el control de la defensa de los testigos de la acusación”, manifestó el abogado.
 
VIOLAN PRINCIPIO DE INOCENCIA
 
Agrega: “Sintéticamente, denunciamos ante esta Ilustre Comisión que en el proceso penal seguido contra don Omar Chaves Mora, el Estado de Costa Rica ha violado su derecho a la libertad personal (arts. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 de la Convención), su derecho al principio de inocencia (art. 8.2 de la Convención) y su derecho de defensa (arts. 8.2.b, 8.2.c y 8.2.f de la Convención Americana), todos ellos en relación con el art. 1.1 (transcripción de nuestra petición).
 
A fines de 2010 nos dieron traslado de la respuesta del Gobierno, que contenía vagas generalidades solicitando que se rechace nuestra petición. El 12 de marzo de 2011 remitimos nuestra respuesta contestando todos los puntos formulados por el Gobierno”.
 
Explicó que el caso se halla a la espera de una resolución de la Comisión sobre la admisibilidad -es decir, si la Comisión tiene competencia para aceptar el caso- y luego o conjuntamente sobre el fondo del caso.
 
En el ínterin podría haber una solución amistosa, pero por ahora no ha habido acercamiento para ello con el Gobierno de Costa Rica.
 
“Debo señalar que al analizar este caso junto con Juan Pablo Chirinos nos llamaron poderosamente la atención todas las irregularidades que tuvo este extenso proceso en un país que tiene la cultura jurídica y un poder judicial como es el caso de Costa Rica.
 
También nos pareció preocupante que se realice un juicio que dure dos años, en el cual se acuse a once imputados privados de su libertad y en el cual se obtienen dos condenas de manera ilegítima”, añade.
 
SE ACUSÓ DE UNA COSA Y SE CONDENÓ POR OTRA
 
 “Uno de los problemas más graves de ese juicio consistió en que se acusó por ciertos hechos y se terminó condenando por hechos distintos a los contenidos en la acusación y que fueran objeto del juicio”, comentó Bovino.
 
Para el argentino es muy extraño que se dé por hecho que Luis Aguirre Jaime, “El Indio”, fue autor material del homicidio solo porque en una ocasión lo confesó.
 
“Ningún testigo de los que cita el tribunal hace más que ubicarlo conduciendo el automóvil, y la mayoría de ellos ni siquiera puede vincular la presencia del automóvil con quienes realizaron los disparos. El tribunal, sin embargo, jamás explicó por qué razones Aguirre Jaime debía ser tenido como autor”, acotó.
 
Otra de las extrañezas del proceso es que después de dos años de juicio el tribunal no puede explicar qué acción material realizó Aguirre Jaime con dolo de homicidio que permita considerarlo "autor" del crimen de Medina.
 
“Lo que resulta mucho más aberrante es que también responsabiliza como autor penalmente responsable a Omar Chaves Mora. Es decir que Omar Chaves Mora y Aguirre Jaime serían coautores, es decir, entre ambos tenían el codominio del hecho. Afirmar algo así no solo altera la hipótesis fáctica de la imputación sino que además es material y jurídicamente insostenible”, acotó el experto.

Alberto Bovino espera que en los próximos días la CIDH emita su informe para que puedan arrancar las audiencias iniciales, a fin de determinar si el caso va a juicio.


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